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Gran escándalo de drogas salpica legisladores, alcaldes, concejales

Santo Domingo, RD.-   Autoridades judiciales de la República Dominicana sospechan que una organización criminal, parte de cuyos integrantes fueron detenidos la semana pasada a través de la “Operación Falcón”, habría financiado campañas políticas de personas que actualmente son legisladores, alcaldes y concejales.

Según  el Ministerio Público, uno de los cabecillas de dicha organización, identificado como Randhiel Mosquea Polanco, financió toda la campaña de Nelson Marmolejos Gil, actual diputado de Santiago de los Caballeros por el gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Solamente el día de las elecciones Mosquea Polanco invirtió más de RD$9 millones y Lenin Torres Bueno, otro implicado, RD$550,000.

Aunque no se ha dicho claramente cómo y para qué fue hecha esa “inversión”, el expediente del Ministerio Público afirma que la revelación en este sentido fue hecha por Torres Bueno durante una conversación telefónica que sostuvo el pasado 9 de julo de 2020. No se ha especificado cómo las autoridades grabaron este diálogo.

Según las autoridades, la organización de narcotráfico y lavado de activos realizada desde el año 2012 actividades ilícitas, las cuales se intensificaron a partir del 2017.  El grupo traía cocaína desde Europa y la trasladaba a Puerto Rico y Estados Unidos, teniendo como base de operaciones la ciudad de Santiago.

Traficó 2,500 kilos de cocaína semanales y movilizó mas de US$500 millones.  Sus “ganancias” las invirtió en empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, entidades financieras, agencias de vehículos, inmuebles, fincas agrícolas y de ganado así como en prendas.

PEDIRAN UN JUEZ ESPECIAL

La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, dijo que solicitaría este lunes a la Suprema Corte de Justicia que designe a un juez especial para que conozca la acusación contra los legisladores involucrados en este caso.

Explicó que la solicitud se hará en virtud de la jurisdicción privilegiada de que gozan los legisladores, «para que eso no que impida que sean judicializados».

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