MP pide juez para conocer imputaciones a Pirrín, Nelson Marmolejos y Faustina Guerrero Cabrera por Operación Falcón
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, presentó la solicitud al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, mediante una instancia depositada en la secretaría del órgano judicial.
Marmolejos Gil, de Santiago; Féliz Féliz, de Pedernales, y Guerrero Cabrera, de El Seibo, figuran entre los involucrados en la amplia red a la que el Ministerio Público ocupó bienes millonarios adquiridos con dinero del narcotráfico.
Faustina Guerrero Cabrera es la esposa del suspendido director de Comunidad Digna Juan Maldonado, quien está en prisión por el mismo caso a espera de que se le conozca medida de coerción.
Los tres son diputados escogidos en las elecciones del año 2020 y, por lo tanto, tienen privilegio de jurisdicción, en virtud del Artículo 154 de la Constitución de República Dominicana.
Dicho artículo señala, en su literal 1, que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia conocer en única instancia de las causas penales seguidas a senadores y diputados”, recuerda la directora general de Persecución del Ministerio Público en su instancia.
Reynoso explica en un comunicado de prensa que el Ministerio Público tiene abierta una investigación en contra de los tres diputados, a quienes imputa, en forma provisional, de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
Dichos delitos son tipificados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como por los artículos 4, 58, 60, 75, 85, 99, 100 y 101 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
También, por los artículos 3, 4, 8 y 12 de la Ley 155-17, sobre Lavados de Activos; los artículos 3, 4, 8, 18, 21 y 26 de la Ley 172-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico, en relación con los hechos con anterioridad al año 2017. A los legisladores se les imputa además la violación a los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.
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