Varían medida de coerción al ex procurador Jean Alain Rodriguez
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió un permiso de dos días, de 8.00 de la mañana a 6.00 de la tarde, a Rodríguez Sánchez, bajo arresto domiciliario y con grilletes electrónicos, para que acuda a su bufete de abogados y pueda trabajar.
PROCURADURIA SE QUEJA
De inmediato, la Procuraduría General de la República (PGR) consideró que «existe privilegio» a favor de imputados de los «grandes procesos», luego de que fuera variada la medida a Jean Alain.
«En la tarde de hoy, como hemos visto, el tribunal acogió parcialmente el pedimento de la defensa de Jean Alain Rodríguez, atribuyendo rango constitucional a lo que efectivamente es el derecho al trabajo; sin embargo, para el Ministerio Público surge la pregunta: ¿entonces, si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, esto querría decir que todos los ciudadanos que también están sometidos a un proceso judicial, deberían tener los mismos derechos?», dijo la procuradora de corte, Mirna Ortiz, en una nota.
La representante del Ministerio Público añadió que, «aunque somos respetuosos de las decisiones de los tribunales, este derecho no se tutela de igual forma para otros imputados, así es que seguimos viendo los privilegios a los que son sometidos estos imputados cuando se trata de estos grandes procesos, y nos pareciera que el derecho entonces no se aplica igual a todos los ciudadanos. Somos respetuosos de las decisiones de los tribunales y ya analizaremos los próximos pasos”.
MIÉRCOLES Y JUEVES
El magistrado Luis Jiménez, presidente de la sala, resaltó que la autorización en favor de Rodríguez Sánchez debe ser los días miércoles y jueves y que solo se le permitirá ir a su oficina privada de abogados.
Además de Jiménez, el tribunal estuvo compuesto por Rosalba Garib y Delio Germán.
Junto a Ortiz, también representaron al Ministerio Público el procurador adjunto titular Pepca, Wilson Camacho, y el fiscal litigante Emmanuel Ramírez.
ESTAN ACUSADAS 41 PERDONAS Y 22 EMPRESAS
En el expediente de la operación Medusa el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
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