Ministerio Público obtiene 18 meses de prisión preventiva para imputados en Operación Nido
El juez Rigoberto Sena también dispuso prisión preventiva contra Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
Asimismo, ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilin Arismendy Rosario García.
En tanto, que a María Gabriela Rivera Pichardo y a Escarlet Mercedes Cruz Figueroa le fue impuesta la presentación de una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, usar localizador electrónico (grillete) e impedimento de salida del país.
El juez en cuanto a Juan Omar Rosario López, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo y Emmanuel Rivera estableció que tuvieron participación de primer orden en los hechos investigados por el Ministerio Público, “son pruebas demoledoras, lícitas, que están interconectadas con el accionar delictivo de los imputados para ocasionar el perjuicio a las víctimas”.
Los procuradores fiscales Sourelly Jáquez, Magali Sánchez y Andrés Mena representaron al Ministerio Público.
A la salida del tribunal, Jáquez declaró a los medios de comunicación que se le impuso prisión preventiva a todas las personas que el juez consideró que eran empleados de primer orden en las maniobras fraudulentas de la estafa.
“El juez dijo que la medida de coerción es una medida bastante seria, con pruebas suficientes, no solamente documentales, sino periciales, e indicó que a los demás imputados, que fueron la señora Escarlet, la hija María Gabriela, le impuso las demás medidas del Código, garantía de 5 millones de pesos, le impuso grillete electrónico, impedimento de salida del país, es decir, que no se le impuso prisión preventiva porque su participación era un poquito menor”, detalló.
Indicó que con relación a la señora Escarlet se le impuso dicha medida porque está en un período de lactancia con una niña recién nacida. “Esa fue la razón por la que a ella no le dio prisión preventiva porque también la considera como una de las actoras principales de una persona que utilizó las inversiones de las personas para tomarlo para su uso personal”, precisó.
Dijo que hasta el momento 199 víctimas han presentado querellas e indicó que continúan con los interrogatorios. “Hay aproximadamente cinco vendedores más de los proyectos que están en proceso de interrogatorios”, explicó.
Los representantes del Ministerio Público destacaron que comenzaron a recuperar bienes que estaban distraídos por los imputados y que serán custodiados por el Ministerio Público.
El pasado 3 de enero el órgano acusador puso en marcha la Operación Nido, con la cual quedó desmantelada una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
En el despliegue de la Operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
La investigación realizada por el Ministerio Público arrojó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce.
Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
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